Se acercan las elecciones generales del próximo mes de marzo. Por este motivo, los dos grandes partidos políticos de nuestro país ya han realizado sus pertinentes encuestas, que han dado como resultado lo que todos nos temíamos: los ciudadanos ya sitúan a la vivienda como el segundo problema nacional que más les preocupa. Por ello, tanto socialistas como populares están elaborando sus particulares ofertas electorales. Mientras que el PSOE intenta favorecer el mercado de alquiler, el PP apuesta por las ayudas a la compra.

Las propuestas del Partido Popular se centran en las ayudas a la compra. Para ello proponen una rebaja de medidas fiscales que afectan a impuestos como el IRPF, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el de Actos Jurídicos Documentados y el de Plusvalía. La eficacia de todas estas propuestas dependerían en gran parte de un gran pacto nacional, ya que buena parte de estos impuestos depende de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Además de todas estas proposiciones, el PP, en palabras de Mariano Rajoy, propuso la construcción de un millón de pisos en cuatro años a precios de referencia inferiores a 160.000 euros. En este objetivo colaborarían las administraciones y las empresas para comprometer una reserva de suelo para vivienda protegida de entre el 30% y el 50% del total.

El PSOE, en cambio, ha apostado claramente por favorecer políticas destinadas al alquiler a través de un paquete de medidas que tengan en cuenta la oferta y la demanda. Para ello, a partir de enero, los inquilinos con ingresos inferiores a 28.000 euros brutos podrán acogerse a la deducción fiscal del 10,05%. Además, los jóvenes de entre 22 y 30 años con unos ingresos brutos inferiores a 22.000 euros, podrán ingresar, en el caso de que opten por alquilar, una renta mensual de 210 euros y contar con 600 de préstamo para la fianza y el coste del aval de seis meses. Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros aprobó la creación de diez juzgados especializados en desahucios en aquellas grandes ciudades donde los procesos judiciales sean más lentos.


Otras de las medidas anunciadas por el PSOE es que otorgará nuevos beneficios fiscales a los promotores, de forma que las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios puedan acceder a las ventajas financieras recogidas en el régimen de vivienda protegida. Esta medida supondrá que tendrán una mayor capacidad de endeudamiento, pasando del 50% al 80%, de tal forma que puedan dedicarse a la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

Fuente: expocasa